Un matrimonio de la ciudad recibirá del Ayuntamiento medio millón de euros por la expropiación de unos terrenos en los aledaños del Rivillas. Así lo ha determinado el juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz en una sentencia firmada el 9 de febrero. El alcalde, Francisco Javier Fragoso, ha decidido interponer un recurso de apelación ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
La cuantía asciende a 486.136 euros, a los que hay que sumar los intereses legales y las costas generadas por el proceso judicial.
Esta expropiación se inició en el año 2007 como respuesta a los cambios introducidos en el Plan General Municipal tras la riada de 1997. Su objetivo era dotar esta zona de la ciudad de espacios libres para evitar que volvieran a repetirse los sucesos de noviembre de 1997.
Se trata de terrenos afectados por la línea de inundación marcada tras la riada de 1997
Pero el proceso ha sido muy complicado y ha dado lugar a la tramitación de varios procedimientos en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Aún hoy está pendiente la resolución de un recurso extraordinario de revisión ante el jurado autonómico de valoraciones. En él se debe dilucidar si el Ayuntamiento está en lo cierto después de que en 2013 tuviese acceso a unos planos nuevos en los que advertía un error en la delimitación de la superficie de la finca expropiada.
Mientras se resolvía el conflicto, hace dos años el Ayuntamiento planteó la suspensión del abono de la indemnización. Los abogados del Ayuntamiento entendían que no se puede hacer efectivo el pago de la cantidad fijada inicialmente porque tiene que aclararse la superficie real de la finca, lo que afectaría a la cuantía a abonar. Pero los propietarios se opusieron y fueron al juzgado.
Ahora el juez del Contencioso Administrativo número 2 estima la pretensión de los propietarios. El Ayuntamiento debe pagar ya la expropiación, más el interés legal generado desde la fecha de la reclamación administrativa.
La sentencia se puede recurrir en apelación ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y el alcalde Fragoso ha decidido hacerlo tras recibir la advertencia del servicio de Urbanismo, desde donde se avisa de que la sentencia ahora dictada tendrá una importante repercusión para las arcas municipales.
Según han explicado a HOY diversas fuentes, en esta zona existen al menos otras dos propiedades pendientes de expropiación. Y hay varios propietarios afectados por la riada que podrían reclamar más dinero.
Para entender el conflicto hay que remontarse al momento en el que que Ayuntamiento solicitó mover la línea de inundabilidad recogida en las normas urbanísticas por entender que los nuevos cauces de los arroyos Rivillas y Calamón son suficientes para prevenir futuras riadas. La petición se hizo, pero la Junta de Extremadura se negó y en el Plan General Municipal aparecen las expropiaciones como una actuación supramunicipal que deberían ser sufragadas no sólo por el Ayuntamiento, sino también por otras administraciones. La razón está en que la expropiación de todos los terrenos comprendidos en las áreas inundables consumirían una elevada cantidad de dinero si los propietarios se negasen a vender los terrenos y exigiesen ir a un sistema de expropiación. El Plan General Municipal dice que las expropiaciones son supramunicipales, pero hasta el momento es el Ayuntamiento quien paga.
El procedimiento sobre el que ahora hay sentencia llevaba varios años pendientes. Entre otros motivos, porque el Consistorio no tenía en su día dinero consignado para pagar la expropiación. Finalmente, el alcalde Fragoso reservó una partida genérica de 7,6 millones de euros el año pasado para hacer frente a esta y otras expropiaciones. Cinco millones se destinarán a las expropiaciones en sí, y otros 2.573.896 euros para financiar intereses de demora. El resto del dinero se destinará a expropiaciones en diferentes zonas de la ciudad previstas por el Plan General Municipal. Hay fincas en Llera y el ferial y Lusiberia.
En el coste final de las expropiaciones influirá la Ley de Expropiación Forzosa, que obliga a evaluar de nuevo los terrenos si en el momento del pago han pasado cuatro años desde que se fijó su justo precio.
Deja un comentario